DECLARACIÓN PÚBLICA
Colegio de Abogados de Puerto Montt A.G.
Puerto Montt, 9 de julio de 2025 – El Directorio del Colegio de Abogados de Puerto Montt, en representación de sus miembros y en cumplimiento de su deber de velar por el correcto funcionamiento del sistema de justicia y el resguardo del Estado de Derecho, manifiesta su más profunda y enérgica preocupación por la insostenible dilación que afecta a la tramitación de las causas en los tribunales laborales de nuestra región y del resto del país.
La Reforma Procesal Laboral, que en sus inicios fue celebrada como un avance histórico hacia una justicia más ágil y accesible, hoy muestra signos de un agotamiento estructural que ha fracturado su promesa fundamental de celeridad. Lo que la ley diseñó para resolverse en meses, hoy tarda sistemáticamente más de un año, con tiempos de espera entre la audiencia preparatoria y la de juicio que pueden alcanzar los nueve meses, y sentencias que demoran hasta diez meses en ser dictadas. Esta realidad, que nuestros colegiados constatan a diario en los tribunales de la Región de Los Lagos, no es una simple ineficiencia administrativa, sino una vulneración flagrante del derecho fundamental de acceso a una justicia oportuna y eficaz.
Las consecuencias de esta justicia tardía son devastadoras y socavan la confianza pública en el sistema:
- Para los Trabajadores y Trabajadoras: La demora tiene un impacto directo y de carácter alimentario para quienes han perdido su fuente de ingresos. La necesidad económica los somete a una presión insostenible, forzándolos en muchos casos a aceptar acuerdos conciliatorios por montos muy inferiores a los que en derecho les corresponden, transformando la lentitud del sistema en una herramienta de negociación que perjudica a la parte más vulnerable. Una justicia que tarda de esta manera, en la práctica, se convierte en una denegación de justicia.
- Para los Empleadores: La dilación genera un estado de incertidumbre jurídica y económica que se extiende por años, dificultando la planificación financiera y aumentando los costos asociados a litigios prolongados. Si bien la justicia debe ser imparcial, un sistema impredecible y lento no beneficia a ninguna de las partes que buscan resolver sus controversias de manera eficiente.
- Para el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho: La demora extrema desnaturaliza los principios de inmediación y concentración, pilares de la reforma oral. Un juez que dicta sentencia meses después de recibir la prueba no puede garantizar la inmediación que la ley exige. Esto no solo merma la calidad de las resoluciones judiciales, sino que erosiona la legitimidad del Poder Judicial en su conjunto, instalando la peligrosa percepción de que la justicia es ineficaz.
Frente a esta crisis, que ya no admite diagnósticos y requiere acciones concretas, el Colegio de Abogados de Puerto Montt propone e insta a los Poderes del Estado a impulsar las siguientes soluciones de manera coordinada y urgente:
- Aumento Inmediato de la Dotación Judicial: Es imperativo y prioritario que el Estado asigne los recursos necesarios para la creación de nuevos tribunales laborales y el nombramiento de más jueces especializados. Esta necesidad es crítica en las jurisdicciones más sobrecargadas del país, y debe incluir un análisis serio y fundado de las necesidades de la Región de Los Lagos, que también enfrenta una creciente carga de trabajo.
- Modernización de la Gestión Judicial: Se debe avanzar en la implementación de herramientas modernas para medir la carga de trabajo real de los jueces y funcionarios, permitiendo una distribución de recursos más eficiente y basada en evidencia. La tecnología debe ser una aliada para optimizar la gestión y no una barrera burocrática.
- Responsabilidad y Coherencia Legislativa: Exhortamos al Poder Legislativo a que toda futura reforma que impacte en la competencia o carga de los tribunales sea tramitada con la debida responsabilidad, asegurando que cuente con el financiamiento adecuado para su correcta implementación. No podemos seguir aprobando leyes que, aunque bien intencionadas, terminan por agravar la congestión del sistema judicial.
El Colegio de Abogados de Puerto Montt hace un enérgico llamado a la Corte Suprema, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Congreso Nacional a abordar esta situación con la máxima prioridad y sentido de urgencia. La protección de los derechos laborales y la confianza ciudadana en nuestras instituciones están en juego. No podemos permitir que la promesa de una justicia laboral expedita se convierta en una letra muerta.
Directorio
Colegio de Abogados de Puerto Montt A.G.